Nuevo León.- Por unanimidad, el pleno del Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que jueces y magistrados inscritos en el Registro de Obligaciones Alimentarias puedan mantenerse en el cargo o aspirar a estos puestos.
La modificación contempla cambios a los artículos 32, 50 y 127 de la legislación, como parte de iniciativas presentadas por diputadas de distintas bancadas.
Entre las promoventes destacan Sandra Pámanes y Marisol González, de Movimiento Ciudadano; Perla Villarreal, del PRD, e Itzel Castillo, del PAN, quienes coincidieron en la necesidad de que quienes impartan justicia cumplan también con sus responsabilidades familiares.
De acuerdo con el artículo 32 reformado, se establece claramente el nuevo requisito para ocupar estos cargos.
“Los jueces de primera instancia serán designados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, considerando la opinión del Tribunal Superior de Justicia, siempre y cuando no estén inscritos en el Registro de Obligaciones Alimentarias, o en caso de aparecer, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimentarios”.
Los legisladores señalaron que esta medida busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como enviar un mensaje de congruencia desde el servicio público.
“Hay quienes evaden su responsabilidad y, peor aún, lo hacen sin consecuencias reales, por eso, fortalecer el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias no es persecución, es justicia”.
Además, se enfatizó el carácter ético de la reforma.
“No es exceso, es responsabilidad; pero además, esta reforma va más allá y dice algo que muchos no se han atrevido a decir con claridad: quien no cumple con sus propios hijos, no puede aspirar a impartir justicia”.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz afirmó que esta modificación fortalece la ética pública dentro del Poder Judicial.
“Es una medida que fortalece la ética pública y que establece un estándar mínimo de congruencia para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Esta reforma es equilibrada ya que no estamos excluyendo a nadie, todo lo contrario, estamos permitiendo que quien haya incumplido pueda regularizar su situación y entonces acceder a estos cargos. Se privilegia la responsabilidad, no la sanción”, expuso.
Por su parte, la coordinadora del PRD, Perla Villarreal, advirtió que las denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias continúan en aumento.
“No es una medida punitiva, es una medida preventiva, garantista y congruente que busca fortalecer la responsabilidad social y la confianza ciudadana en las instituciones”, señaló.
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