Nuevo León.- La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República a investigar posibles irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.
El diputado Glen Villarreal Zambrano advirtió que la autonomía de la Fiscalía estatal no debe utilizarse para perseguir o intimidar a voces críticas, y subrayó que su función principal debe ser garantizar una procuración de justicia imparcial enfocada en la protección de las víctimas.
De acuerdo con el legislador, tras denunciar presuntos actos de corrupción y cuestionar públicamente a determinados grupos de poder, se habrían abierto hasta 17 carpetas de investigación en su contra en menos de un año desde la Fiscalía estatal.
“Este tipo de prácticas generan preocupación sobre el posible uso del sistema de justicia para inhibir la participación política o castigar la crítica, lo que afectaría principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica”, expresó.
Durante su posicionamiento también mencionó recientes hechos relacionados con el senador Waldo Fernández, que —dijo— han generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades investigadoras.
“Recientes hechos relacionados con el senador Waldo Fernández han puesto sobre la mesa cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la integración de investigaciones, lo que refuerza la necesidad de esclarecer si existen prácticas indebidas dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia”, afirmó.
Mediante el exhorto presentado ante el Congreso local, se solicita a la Fiscalía General de la República que, dentro de sus atribuciones, investigue la posible comisión de delitos federales relacionados con la actuación de servidores públicos de la Fiscalía estatal, y en su caso atraiga las investigaciones correspondientes.
Finalmente, el legislador señaló que el objetivo de la solicitud es garantizar certeza jurídica y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, asegurando que la ley se aplique de manera imparcial y sin distinción política.
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