La bancada de Morena en el Congreso local solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente informar las razones técnicas y legales detrás de la cancelación del sistema de alertas ambientales, así como aclarar qué mecanismos están vigentes para proteger a la población durante episodios de contaminación.
La diputada Grecia Benavides Flores sostuvo que el derecho a la salud es una obligación constitucional que el Estado debe garantizar, especialmente ante los niveles de contaminación que afectan al Área Metropolitana de Monterrey.
“Respirar en Nuevo León no es un lujo, es un derecho”, expresó la legisladora, al advertir que en meses recientes el Gobierno estatal eliminó el sistema de alertas sin presentar un esquema alternativo que informe con claridad y oportunidad cuando la calidad del aire representa un riesgo.
Durante su posicionamiento, Benavides mostró la aplicación oficial de monitoreo ambiental del Estado y aseguró que no funciona desde octubre del año pasado, además de acumular más de un año sin actualizaciones. A su juicio, esto refleja la falta de atención a un problema que impacta directamente en la salud pública.
La diputada solicitó que la dependencia detalle cómo ha operado el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas en los recientes episodios de mala calidad del aire y que presente datos actualizados sobre los efectos de la contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey.
Asimismo, recordó que la legislación ambiental estatal establece la obligación de contar con mecanismos de información y reacción ante contingencias, incluidos sistemas de alerta dirigidos a la ciudadanía.
Benavides también cuestionó que, mientras el Gobierno promueve campañas de reforestación como “Reforestación Extrema”, no existan alertas claras durante los picos de contaminación. Además, señaló que han surgido versiones públicas sobre presuntas presiones económicas a empresas contaminantes, lo que —dijo— genera dudas sobre el enfoque real de la política ambiental.
“La política ambiental no puede convertirse en un discurso o en un mecanismo de presión. Debe priorizar la salud de la población, porque ese derecho no es negociable”, concluyó.
About the Author
