Monterrey,N.L.- Con el objetivo de evitar que el tema de las pensiones alimenticias se burocratice, autoridades estatales y legisladores coincidieron en la necesidad de trabajar en una ley que simplifique y agilice los procesos dentro del sistema judicial, durante la mesa de trabajo “Registro Estatal de Deudores Alimentarios”, realizada en el Congreso local.
Al participar en el encuentro, la secretaria de la Mujer en Nuevo León, Graciela Buchanan Ortega, señaló que actualmente las mujeres enfrentan un proceso complejo y tardado, al tener que acudir a diversas dependencias para obtener resultados, lo que en muchos casos impide una atención rápida y efectiva.
“Tiene que generarse un sistema que sea igual, o sea que el Poder Judicial y el DIF lo envíe y para eso generar convenios para una parte informática rápida, que (la demanda) se presente en una sola dependencia y que con eso, porque eso también las mujeres que se les diga que demanden aquí o allá”.
“Que quede muy claro que si vuelve a incumplir, vuelve a entrar sí o sí, el delito de abandono de familia, que también es un camino para las mujeres fuerte de por sí”,
mencionó.
Buchanan Ortega destacó la necesidad de crear un sistema unificado entre el Poder Judicial y el DIF, que permita presentar las demandas en una sola instancia, apoyado en herramientas tecnológicas y convenios interinstitucionales.
Explicó que este mecanismo ayudaría a evitar confusión entre las mujeres que buscan iniciar un proceso de pensión alimenticia y facilitaría el seguimiento de los casos.
La funcionaria estatal advirtió que, en muchos casos, los deudores alimentarios recurren a estrategias legales para evadir sus responsabilidades, aprovechando vacíos legales y retrasos en los procesos judiciales.
En ese sentido, subrayó la importancia de que el incumplimiento de una pensión provisional sea motivo suficiente para ingresar al padrón de deudores, sin esperar una sentencia definitiva.
Por su parte, la diputada Greta Barra Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, resaltó la relevancia de estas mesas de trabajo para definir criterios técnicos y jurídicos claros que permitan una correcta operación del registro.
La legisladora adelantó que se revisarán las reformas secundarias necesarias para que el padrón tenga un impacto real en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de las personas acreedoras alimentarias en Nuevo León.
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