Con el objetivo de actualizar el marco legal frente a las nuevas modalidades de fraude y reforzar la protección de los sectores más vulnerables, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 385 del Código Penal del Estado de Nuevo León.
La propuesta plantea incrementar hasta en una mitad la sanción cuando el delito de fraude se cometa mediante el uso de tecnologías de la información, medios electrónicos o digitales, así como cuando la víctima sea una persona adulta mayor, es decir, de 60 años o más.
Fraudes digitales, un delito en evolución
El legislador explicó que, aunque el fraude ya está tipificado en la legislación estatal, las dinámicas sociales y económicas han dado paso a nuevas formas de engaño, especialmente a través de plataformas digitales.
Estos mecanismos, señaló, permiten mayor alcance, dificultan la identificación de los responsables y multiplican el número de víctimas.
Adultos mayores, un grupo especialmente vulnerable
Gutiérrez subrayó que las personas adultas mayores enfrentan mayores riesgos ante este tipo de delitos por factores como la brecha digital, la confianza depositada en terceros y, en algunos casos, la dependencia económica o emocional.
El impacto del fraude, añadió, no se limita a lo patrimonial, sino que afecta directamente la dignidad y calidad de vida de las víctimas.
Sin cambios al tipo penal, pero con penas proporcionales
La iniciativa no modifica la definición del delito de fraude ni crea nuevas agravantes. En su lugar, establece reglas claras para individualizar la pena, respetando el principio de legalidad penal y manteniendo la estructura vigente del Código Penal.
Además, contempla que ambas circunstancias —uso de medios tecnológicos y condición de adulto mayor— puedan concurrir, sin duplicar penalidades ni romper la coherencia del sistema de sanciones.
“El objetivo es que la ley responda de manera proporcional y justa a conductas que hoy generan un daño social mucho mayor, sin romper el equilibrio del sistema penal y proteger el patrimonio de las personas”, afirmó el diputado.
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