El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró que las personas excarceladas recientemente en Venezuela no han recuperado su libertad en plenitud, al señalar que continúan bajo procesos judiciales abiertos, vigilancia y presiones constantes por parte del Estado.
A través de un mensaje difundido en la red social X, González advirtió que, aunque algunos detenidos han salido de prisión, la justicia sigue condicionada. Señaló que permanecen expuestos al miedo, a amenazas implícitas y a causas que no han sido cerradas formalmente, lo que —dijo— mantiene suspendidos sus derechos fundamentales.
Para el opositor, estas personas “siguen siendo rehenes”, al considerar que fueron detenidas de manera arbitraria, utilizadas como instrumentos de presión política y liberadas sin garantías reales ni transparencia. Subrayó que la liberación selectiva no puede considerarse justicia mientras existan expedientes abiertos y ausencia de certeza jurídica.
Excarcelaciones sin lista oficial
El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó esta semana la excarcelación de 99 personas, la mayoría detenidas tras la crisis política generada luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato.
Sin embargo, las autoridades no han publicado un listado oficial de las personas liberadas. Organizaciones civiles como Foro Penal y Justicia y Encuentro y Perdón señalaron que hasta ahora solo han podido confirmar cerca de la mitad de las excarcelaciones anunciadas y exigieron mayor claridad por parte del Ejecutivo.
“Habrá paz cuando haya justicia”, afirma
González insistió en que el tema no debe reducirse a cifras ni a discursos políticos, sino a personas que nunca debieron ser privadas de la libertad, familias afectadas y derechos humanos vulnerados. Reiteró que la paz solo será posible cuando exista justicia, entendida como libertad plena, cierre definitivo de causas y garantías efectivas.
El líder opositor, quien se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024, concluyó que en Venezuela la libertad se administra de manera discrecional y la dignidad humana se utiliza como moneda de cambio, una situación que —afirmó— debe seguir denunciándose de forma permanente en el debate público.

