Monterrey, NL.— La bancada del PRI en el Congreso Local presentó este jueves una iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y mejorar la operatividad de la recién creada Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
El coordinador priista Heriberto Treviño Cantú señaló que, aunque la Fiscalía Ambiental ya se encuentra en funciones, es indispensable reforzar la legislación para dotarla de herramientas jurídicas y operativas que le permitan actuar de manera oportuna y eficaz, especialmente en casos donde se pongan en riesgo áreas naturales protegidas.
“Con esta iniciativa avanzamos hacia un modelo moderno de gobernanza ambiental que prioriza la protección de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad del estado, incluyendo la posibilidad de detener obras en proceso”, indicó Treviño.
El legislador enfatizó la necesidad de contar con un marco jurídico sólido que impida arbitrariedades y garantice que las decisiones de la autoridad ambiental se ejecuten con plena certeza jurídica, bajo los principios de legalidad y transparencia.
La propuesta contempla reformar el artículo 231 y adicionar el artículo 231 Bis de la Ley Ambiental del Estado.
Asimismo, plantea la creación de un nuevo capítulo dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, donde se reconoce formalmente a la Fiscalía Ambiental y se definen sus facultades, procedimientos y atribuciones para investigar, prevenir y sancionar delitos ambientales.
Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentra otorgar a la Fiscalía la facultad de intervenir de inmediato en casos de riesgo inminente dentro de áreas protegidas, lo que incluye la suspensión de obras, construcciones o actividades que representen peligro para los ecosistemas.
“Esta atribución permitiría reaccionar con rapidez ante actividades ilícitas que puedan causar daños irreversibles, además de fomentar la participación ciudadana mediante denuncias y reportes técnicos”, explicó Treviño Cantú.
El diputado destacó que la regulación precisa de las facultades de la Fiscalía elevará los estándares de transparencia y rendición de cuentas, al obligar a documentar y justificar cada intervención, facilitando la evaluación de resultados y el fortalecimiento de las políticas ambientales en el estado.
About the Author
