Pide CEDHNL intervención de Conagua por riesgos en la construcción de la L4

El organismo solicitó un estudio técnico y la supervisión de la obra para evitar afectaciones al drenaje pluvial y al cauce del Río Santa Catarina.
Pide CEDHNL intervención de Conagua por riesgos en la construcción de la L4

Monterrey,NL.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que intervenga y supervise la construcción de la Línea 4 del Metro, ante los posibles riesgos en el drenaje pluvial y el cauce del Río Santa Catarina.

La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, advirtió que la instalación de pilotes y estructuras contiguas al río requiere estudios técnicos detallados, así como autorización oficial de Conagua, conforme a la Ley de Aguas Nacionales.

“Las afectaciones al ducto pluvial requieren supervisión, mantenimiento y ejecución de nuevas obras que garanticen su correcto funcionamiento”, señaló Méndez Arellano.

Conagua debe autorizar y supervisar la obra

La titular de la CEDHNL subrayó que, por ley, la Conagua es la autoridad responsable de administrar los cauces y terrenos de corrientes nacionales, por lo que toda obra permanente en esas zonas debe contar con su aval.

En este sentido, el organismo pidió verificar que la Línea 4 del Metro cumpla con los siguientes requisitos:

  • Autorización expresa de Conagua.

  • Estudios técnicos que aseguren no alterar el flujo natural del agua.

  • Supervisión constante de la obra pública.

  • Asesoría y apoyo técnico de la autoridad hidráulica federal.

La CEDHNL recordó que la ley sanciona la modificación no autorizada de infraestructura hidráulica, el desvío de cauces nacionales y cualquier daño que ponga en riesgo la seguridad de la población.

Llamado a la coordinación institucional

El organismo autónomo también exhortó a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado a coordinarse con Conagua para establecer programas integrales de control de avenidas y prevención de inundaciones, priorizando la seguridad ciudadana y la protección del entorno natural.

“El derecho a la buena administración implica proteger los derechos fundamentales de la población y garantizar que las autoridades actúen con responsabilidad y eficiencia”, enfatizó Méndez Arellano

Enfoque / El Porvenir