El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó formalmente al gobierno de Estados Unidos de llevar a cabo “ejecuciones extrajudiciales” mediante operaciones militares contra barcos que supuestamente traficaban drogas en el Caribe y el Pacífico.
Durante una rueda de prensa, Petro señaló que los bombardeos realizados desde principios de septiembre han dejado al menos 37 muertos y que en al menos uno de los ataques murió un pescador colombiano sin vínculos con el narcotráfico.
Operaciones y respuestas
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Estados Unidos, bajo la administración de Trump, desplegó destructores, submarinos y fuerzas especiales para atacar embarcaciones sospechosas de narcotráfico desde el 2 de septiembre.
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La Casa Blanca, mediante su portavoz Karoline Leavitt, respondió llamando “desquiciado” a Petro y dijo que no observa señales de desescalada.
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Colombia solicitó la apertura de una investigación penal contra Trump y funcionarios de EE.UU. implicados en los ataques.
Argumentos legales y diplomáticos
Petro explicó que aunque el combate al narcotráfico es legítimo, las acciones deben respetar los tratados internacionales, la soberanía de los estados y los derechos humanos:
“Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario”, declaró.
Las críticas se centran en que EE.UU. no ha presentado evidencia pública clara de los vínculos entre los atacados y el narcotráfico, lo que genera suspicacia sobre el debido proceso.
Implicaciones diplomáticas
La disputa ha sumado una importante crisis a las relaciones entre ambos países, tradicionales aliados en materia de seguridad.
La tensión se agrava en un contexto en que Colombia ha sido descertificada por EE.UU. en la lucha contra las drogas y se le ha revocado la visa a Petro.
Analistas advierten que el uso de la fuerza militar sin claridad legal puede erosionar la confianza regional y provocar rechazo entre países de Latinoamérica.
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