Monterrey, N.L.- Ante las fallas mecánicas registradas en las nuevas unidades del transporte público de Nuevo León, la bancada de Morena propuso que el Estado reemplace o reembolse el costo del pasaje a los usuarios afectados.
El diputado Tomás Montoya Díaz presentó un exhorto para que las autoridades estatales implementen un mecanismo de devolución o abono en la tarjeta “Me Muevo” cuando los pasajeros sufran interrupciones en su trayecto por averías o fallas mecánicas.
“Este problema lo han enfrentado decenas de personas durante su trayecto al trabajo, a la escuela o hacia sus casas. Es necesario que la autoridad estatal implemente medidas urgentes para resarcir los daños a los usuarios y mejorar la calidad del servicio”, señaló el legislador.
La propuesta fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, dirigida a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana y al Instituto de Movilidad y Accesibilidad.
Montoya Díaz también exhortó a las autoridades a reforzar las inspecciones y el mantenimiento preventivo de las unidades, especialmente de las recién adquiridas, para evitar que las fallas sigan afectando el servicio.
“Poco se habla de las problemáticas directas que esta situación genera a los usuarios del transporte público colectivo, quienes por decir lo menos, llegan tarde a sus trabajos, escuelas, citas médicas o trámites. Además de la incomodidad, el estrés y las esperas prolongadas bajo el calor”, consideró el diputado morenista.
De acuerdo con datos del Colectivo M.A.S. Ciudad, los usuarios del transporte público en Nuevo León reportan tiempos de espera superiores a los 60 minutos, y en muchos casos, pierden hasta tres horas diarias para trasladarse de su hogar al trabajo.
Esta situación, advirtió el legislador, se agrava cuando las unidades sufren fallas mecánicas durante el trayecto, dejando varados a los pasajeros y sin posibilidad de completar su viaje.
Montoya Díaz reiteró que la propuesta busca proteger los derechos de los usuarios, garantizar un servicio digno y confiable, y obligar al Estado a rendir cuentas sobre la calidad del transporte público.
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