San Pedro Garza García, N.L. – La Comisión Anticorrupción del Congreso Local dio inicio este lunes al proceso de juicio político contra el exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, por reincorporar a su entonces secretario de Desarrollo Urbano, Javier Alberto De La Fuente García, a pesar de que este había sido destituido por desacato a una orden judicial.
De resultar culpable, Treviño podría recibir una inhabilitación para ocupar cargos públicos de hasta 20 años, informó la presidenta de la comisión, Armida Serrato Flores.
Análisis de pruebas y derecho de audiencia
Serrato Flores explicó que, por ahora, la comisión únicamente ha iniciado el análisis de las pruebas y datos proporcionados por los ciudadanos denunciantes, para determinar si el juicio político procede o no.
“Es el inicio de juicio político en contra del expresidente municipal de San Pedro, Miguel Treviño. La Ley establece que todos los servidores públicos son sujetos a juicio político, y en el caso de Miguel Treviño, el proceso puede realizarse hasta un año después de haber concluido su mandato, es decir, hasta el 30 de septiembre”, declaró la diputada.
La comisión determinará el derecho de audiencia para Treviño, quien podrá asistir acompañado de sus abogados y presentar sus argumentos en la siguiente etapa del proceso. Se espera que esta fase se desarrolle esta semana o la próxima, agregó Serrato Flores.
Origen del conflicto
El conflicto se generó tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Nuevo León, que ordenó la destitución de De La Fuente por desacato, luego de que este negara la regularización de una construcción en el fraccionamiento Las Calzadas.
A pesar de la reiteración de la destitución por parte de los tribunales locales y del rechazo a los amparos promovidos por De La Fuente, el entonces alcalde reincorporó al funcionario a su cargo, generando la denuncia ciudadana que dio origen al juicio político.
Tres ciudadanos afectados por la administración 2021-2024 de San Pedro presentaron la denuncia que motivó la apertura del procedimiento por la Comisión Anticorrupción.
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