
El Gobierno de Nuevo León descartó por ahora imponer de forma unilateral el transporte escolar obligatorio, y anunció que continuará con las mesas de trabajo y diálogo con todos los sectores involucrados para evaluar la viabilidad de la propuesta.
El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que la medida aún no está definida, y que será resultado del consenso con asociaciones de padres de familia, municipios y autoridades educativas.
“Aún no se llega a una decisión. No vamos a tomar ninguna sin antes recoger los puntos de acuerdo de las diferentes asociaciones, municipios, etcétera. Somos un Gobierno de puertas abiertas”, afirmó Flores.
La iniciativa fue firmada por el gobernador Samuel García Sepúlveda con el objetivo de implementar transporte escolar obligatorio a partir del ciclo escolar que inicia el 1 de septiembre, como una estrategia para reducir el tráfico vehicular en horas pico, especialmente en las zonas escolares donde se generan cuellos de botella.
No obstante, la propuesta ha generado preocupaciones. Algunos alcaldes metropolitanos y asociaciones de padres han manifestado su inquietud por los posibles costos adicionales para las familias, en especial en el caso de escuelas públicas.
“Se está buscando una mejor movilidad, y para eso tenemos que participar todos como sociedad, no únicamente los entes gubernamentales”, reiteró Flores Serna.
Por su parte, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, aclaró que en el caso de planteles públicos, serán las escuelas las encargadas de presentar un plan de movilidad escolar, adaptado a sus necesidades.
Mientras tanto, el diálogo continúa con la esperanza de lograr un acuerdo integral que no afecte la economía familiar y sí beneficie la movilidad urbana.