La decisión del Departamento de Justicia y el FBI de no revelar nuevos archivos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein ha desatado una crisis interna en el gobierno de Donald Trump y alimentado la furia de seguidores conservadores y medios afines.
El lunes, ambas agencias declararon que no existe una “lista de clientes” de Epstein, como muchos esperaban, y que no habrá más divulgaciones. La noticia desató tensiones entre la fiscal general Pam Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, quienes protagonizaron un acalorado intercambio en la Casa Blanca.
La activista Laura Loomer aseguró que Bongino consideró renunciar tras el desacuerdo, mientras que en redes sociales dejó de publicar desde el miércoles. En paralelo, funcionarios intentaron minimizar el conflicto. El fiscal Todd Blanche aseguró que todos los líderes del FBI y Justicia aprobaron el memorando conjunto y que no hubo discrepancias.
La controversia creció luego de que se confirmara que gran parte del material está sellado por orden judicial y que no se divulgará para proteger a las víctimas. La administración había prometido mayor transparencia e incluso entregó carpetas con títulos llamativos a simpatizantes, aunque el contenido ya era público.
La falta de nuevas pruebas y el reconocimiento de documentos inexistentes ha avivado las sospechas de encubrimiento entre partidarios de Trump, que esperaban revelaciones sobre el llamado “estado profundo”. La Casa Blanca, por su parte, intentó cerrar filas. “Cualquier intento de dividir al equipo de seguridad pública es infundado”, dijo el vocero Harrison Fields.
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