Debido a que 46 personas electas para cargos judiciales no cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió dejar esos puestos vacantes.
Del total, 45 candidaturas fueron anuladas por no alcanzar el promedio mínimo requerido: 8 en la licenciatura o 9 en materias afines a su especialidad. Uno más fue descartada por estar en prisión preventiva, acusado de abuso sexual infantil, lo que incumple con la declaración conocida como 8 de 8 contra la violencia de género.
El destino de esos cargos ahora depende de otras instancias como el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estas autoridades deberán decidir si se convoca a una elección extraordinaria, si los cargos pasan al segundo lugar que sí cumpla con los requisitos, o si se mantienen vacantes hasta 2027.
El INE ya notificó su resolución a la Sala Superior del TEPJF, al Senado y al Consejo de la Judicatura. Aunque las personas afectadas aún pueden impugnar la decisión ante la Sala Superior, su resolución será definitiva.
Durante la sesión, consejeras del INE cuestionaron a los comités de evaluación, quienes tenían la responsabilidad de revisar el cumplimiento de los requisitos antes del registro de candidaturas.
“La evaluación no se hizo bien o no se hizo”, criticó la consejera Dania Ravel.
Ravel recordó que desde mayo se habían recibido oficios de los presidentes de ambas cámaras del Congreso señalando irregularidades.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey explicó que el INE no tenía atribuciones para hacer esa revisión de manera directa, pero que recibió información fuera de tiempo, cuando algunas candidaturas ya estaban registradas e incluso en campaña.
Finalmente, el INE acordó no designar reemplazos, al considerar que no tiene facultades para sustituir las vacantes, especialmente en casos de empates o de incumplimiento grave de requisitos legales.
