Monterrey, N.L. – El Gobierno de Nuevo León prevé imponer una multa histórica de 80 millones de pesos a la empresa Ternium, tras el derrame de materiales tóxicos en el arroyo La Talaverna, ocurrido el pasado mes de abril.
Durante la sesión de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), el secretario de Medio Ambiente , Alfonso Martínez Muñoz, detalló que la sanción corresponde a los impactos ocasionados por el vertido de 250 mil litros de cloruro ferroso, 132 mil litros de agua ácida y 23 mil litros de ácido clorhídrico al 18%.
“Derivado de todas las visitas de inspección, los análisis y recorridos, se está proponiendo una sanción de 80 millones de pesos por el daño ambiental que provocó Ternium en el arroyo La Talaverna”, afirmó el funcionario.
Informó que, la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable ha venido realizando diversas acciones tras el incidente.
El 25 de abril se envió un requerimiento formal a la empresa, y el 3 de mayo se llevó a cabo el último recorrido de inspección. Con base en los resultados, se planteó no solo la multa, sino también la remediación total de la zona afectada.
Esta sería la sanción económica más alta en la historia ambiental de Nuevo León, y se suma a un paquete de medidas que el Gobierno estatal busca implementar para fortalecer la política ambiental del estado.
Nuevas medidas ambientales para el área metropolitana
Además de la sanción a Ternium, se anunciaron otras acciones para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en la zona metropolitana:
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Publicación de una nueva norma estatal para controlar emisiones en patios industriales de competencia federal y estatal.
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Incremento en la fuerza de inspección y vigilancia de la Procuraduría Ambiental.
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Lanzamiento de un programa de contingencias atmosféricas preventivo, con alertas y pronósticos sobre niveles de contaminación.
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Zonas de bajas emisiones en áreas densamente pobladas como Guadalupe, zonas escolares y deportivas, iniciando en el sector FIFA-Capullos, de cara al Mundial 2026.
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Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad del aire, incluyendo la adquisición de nuevos equipos y la verificación del cumplimiento de compromisos empresariales.
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Impulso a acuerdos interinstitucionales para frenar el crecimiento urbano desordenado.
“Queremos un programa preventivo, no reactivo. La gente debe saber cuándo habrá mala calidad del aire para poder actuar a tiempo”, subrayó Martínez Muñoz.
Con estas medidas, el Gobierno del Estado busca no solo castigar el daño ecológico, sino también sentar las bases para un modelo ambiental más estricto y preventivo en el futuro.
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