El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una cifra histórica de participación ciudadana al recibir 136 mil 459 solicitudes de personas y organizaciones interesadas en observar la inédita elección judicial que se llevará a cabo próximamente.
Sin embargo, el organismo electoral ha aplicado rigurosamente los criterios de elegibilidad, rechazando 24 mil 261 solicitudes al detectar vínculos con partidos políticos, relación con la operación de programas sociales u otros impedimentos legales para garantizar la imparcialidad de la observación.
Al corte del 10 de abril, el INE informó que ya ha acreditado a 25 mil 546 observadores electorales, de los cuales la mayoría son mujeres (15,567), seguidos por hombres (9,974) y personas no binarias (5). Un dato destacado es la participación de jóvenes, con 3 mil 436 solicitudes aprobadas correspondientes a observadores de entre 21 y 25 años. El resto de las solicitudes se encuentra actualmente en proceso de revisión.
Del total de solicitudes recibidas, 136 mil 290 fueron individuales y 169 fueron presentadas por siete organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a la distribución por género, 83 mil 191 solicitantes son mujeres, 53 mil 251 son hombres y 17 se identifican como personas no binarias.
Las entidades federativas con mayor número de solicitudes de observación electoral son el Estado de México (8,932), Michoacán (8,280) y Tamaulipas (8,074).
El INE recordó que la fecha límite para registrarse como observador electoral es el próximo 7 de mayo, e hizo un llamado a los ciudadanos interesados a realizar su trámite con anticipación y cumplir con todos los requisitos legales.
El instituto electoral resaltó que este significativo nivel de participación ciudadana refleja un creciente compromiso por supervisar y legitimar el proceso democrático, especialmente en el contexto de una elección judicial sin precedentes.
Finalmente, el INE informó que ha intensificado las jornadas de capacitación para los observadores ya acreditados, con el objetivo de asegurar que comprendan cabalmente sus derechos, obligaciones y el marco legal que regirá su labor durante la jornada electoral, fortaleciendo así la transparencia y la confianza en el proceso democrático.
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