El gobierno de México formalizó la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, con el que se establecen nuevos límites a las jubilaciones de exfuncionarios públicos.
La reforma al artículo 127 de la Constitución fija que ninguna pensión podrá superar el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal, como parte de una política orientada a reducir privilegios en la administración pública.
Reforma constitucional y nuevos límites
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien propuso establecer un tope a las pensiones de altos mandos de confianza en el sector público.
Con esta modificación, también se refuerza el principio de que ningún servidor público puede percibir ingresos mayores a los del titular del Ejecutivo, salvo en casos específicos previstos por la ley.
Recursos se destinarán al Bienestar
De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida permitirá liberar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serán canalizados a programas sociales del gobierno federal.
El objetivo es fortalecer apoyos dirigidos a sectores vulnerables y ampliar el alcance de las políticas públicas en materia de bienestar.
Alcance en todo el sector público
El decreto establece que el límite aplicará a organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos y entidades paraestatales, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
Asimismo, se precisa que las pensiones no deberán exceder la mitad de la remuneración del Ejecutivo, incluso en casos de acumulación de ingresos dentro del servicio público.
Excepciones contempladas
La reforma incluye algunas excepciones, como las correspondientes a las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sistemas de ahorro individuales, así como aquellas vinculadas a esquemas sindicales.
También se excluye la pensión no contributiva establecida en el artículo 4 constitucional.
Fin a privilegios
Autoridades señalaron que esta medida forma parte de una estrategia para eliminar beneficios excesivos dentro del gobierno, evitando pagos elevados en pensiones a exfuncionarios.
Sin embargo, se aclaró que las pensiones ya otorgadas previamente no serán modificadas, por lo que el nuevo esquema aplicará únicamente hacia el futuro.
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