El Congreso de Nuevo León deberá acelerar el análisis y aprobación de la reforma en materia de transparencia, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que incurrió en omisión legislativa.
La resolución se dio tras la controversia constitucional promovida por el gobernador Samuel García Sepúlveda, en la que se señaló que el Congreso no cumplió con la armonización de la ley local con la normativa federal.
Durante el análisis del caso, la ministra Sara Irene Herrerías expuso que el plazo para realizar la reforma venció desde el 17 de junio de 2025, sin que se efectuaran los ajustes correspondientes.
Ante ello, el máximo tribunal ordenó al Congreso actualizar el marco jurídico estatal conforme a la Constitución y las leyes generales en materia de transparencia.
Los ministros establecieron que la adecuación deberá concretarse a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones, lo que obliga a los legisladores a trabajar a contrarreloj.
Se prevé que el tema deba resolverse antes del 13 de mayo, cuando concluye el actual periodo legislativo.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldó la resolución, aunque advirtió sobre el impacto que la omisión podría tener en las facultades del Poder Ejecutivo.
Asimismo, el ministro Giovanni Figueroa planteó observaciones para fortalecer el análisis jurídico del caso.
La reforma contempla la armonización de las normas locales en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Entre los puntos relevantes, se incluye la posible desaparición de organismos autónomos de transparencia locales y la transferencia de sus funciones al Ejecutivo estatal, con el objetivo de simplificar procesos administrativos.
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