Organizaciones de derechos humanos, especialistas y colectivos de búsqueda expresaron preocupación por las cifras sobre personas desaparecidas dadas a conocer recientemente por el gobierno federal.
Las críticas apuntan a la falta de claridad en la metodología, la ausencia de consulta con las familias y el riesgo de que se reduzca la dimensión de una crisis que, de acuerdo con registros oficiales, supera las 132 mil personas desaparecidas en el país.
Advierten riesgo de minimizar la crisis
Amnistía Internacional México señaló que el propio Estado reconoce al menos 132 mil 534 personas desaparecidas, una cifra que no puede ajustarse sin evidencia sólida.
Su directora ejecutiva, Edith Olivares Ferreto, subrayó que cualquier reinterpretación debe estar sustentada en pruebas verificables.
Advirtió que señalar que miles de personas presentan “actividad posterior” a su desaparición obliga a las autoridades a demostrar que están con vida. También cuestionó la ambigüedad del término y alertó sobre el impacto emocional que genera en las familias.
Madres buscadoras denuncian revictimización
Familiares de personas desaparecidas manifestaron indignación ante lo que consideran un intento de reducir la magnitud del problema.
Elena López Gutiérrez calificó el informe como “indignante” y denunció que este tipo de posicionamientos profundizan la revictimización.
Relató que, pese a que el cuerpo de su hija fue identificado, aún no le ha sido entregado, lo que evidencia fallas estructurales en las instituciones. También señaló omisiones, negligencias y la falta de atención por parte de las autoridades.
Señalan responsabilidad del Estado
Desde el Centro Prodh, la investigadora María Luisa Aguilar advirtió que la revisión de cifras parte de una premisa preocupante: excluir o minimizar la responsabilidad del Estado.
Explicó que atribuir las desapariciones únicamente al crimen organizado o a decisiones individuales ignora casos en los que existe participación o tolerancia de agentes estatales.
Además, alertó que este enfoque podría trasladar la carga de búsqueda a las familias, cuando se trata de una obligación institucional.
Falta de datos y alta impunidad
Especialistas también señalaron vacíos en la información oficial. De acuerdo con los cuestionamientos, existen más de 46 mil casos sin datos suficientes, sin que se haya explicado cómo se corregirá esta situación.
Asimismo, se destacó la brecha en la procuración de justicia, con apenas unas miles de carpetas de investigación frente a más de 130 mil personas desaparecidas.
Academia advierte opacidad en registros
Desde el ámbito académico, Andrea Horcasitas advirtió que reducir el problema a una cifra menor puede interpretarse como un intento de gestionar la percepción pública más que de reconocer la magnitud real de la crisis.
También cuestionó la falta de transparencia en los criterios utilizados para depurar los registros y determinar cuándo una persona es considerada localizada.
Advirtió que estas omisiones reflejan fallas graves en el levantamiento de datos y en las estrategias para atender el problema.
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