Monterrey, Nuevo León.– El Congreso local aprobó la nueva Ley de Educación de Nuevo León, con el objetivo de actualizar el marco normativo ante las nuevas necesidades del sistema educativo y garantizar una formación más inclusiva, equitativa y de calidad.
La presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, explicó que la legislación anterior, vigente desde el año 2000, había cumplido su ciclo, por lo que era necesario adecuarla a los retos actuales.
Destacó que la nueva ley es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre autoridades, especialistas, docentes y sociedad civil.
“No se trata de un capricho, sino de garantizar el derecho a la educación con un enfoque humano e incluyente”, señaló.
Enfoque integral e inclusivo
La nueva normativa, que consta de 215 artículos y 15 transitorios, plantea una visión educativa centrada en el desarrollo integral del alumnado.
Entre sus principales innovaciones destaca la incorporación de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en los planes de estudio, con el fin de fortalecer la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva.
Además, se crea el Registro Educativo para la Neurodivergencia (RENE), que permitirá diseñar apoyos específicos para alumnos con trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones.
Salud mental y tecnología
La ley también establece la capacitación del personal docente en temas de salud mental, con el objetivo de detectar de forma temprana casos de ansiedad, depresión o conductas de riesgo.
Asimismo, se impulsa la presencia de profesionales de la psicología en escuelas públicas de nivel básico.
En materia tecnológica, se regula el uso de teléfonos celulares con fines educativos, al tiempo que se promueve el aprovechamiento de herramientas digitales en el aprendizaje.
Apoyo a docentes y seguridad escolar
La legislación respalda el modelo de educación dual para fortalecer la formación técnica y la vinculación con el sector productivo.
También contempla medidas de seguridad como el uso de mochilas transparentes y la contratación de seguros contra daños y robos en planteles educativos.
Para los docentes, se prioriza la reducción de carga administrativa y se garantiza asesoría legal ante conflictos derivados de su labor.
Con esta reforma, el Congreso busca transformar el sistema educativo estatal hacia un modelo más incluyente, moderno y adaptado a las realidades actuales.
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