El senador de Morena, Waldo Fernández González, confirmó que un juez dictó vinculación a proceso y prisión preventiva para tres personas involucradas en el caso relacionado con una presunta extorsión y acusaciones en su contra, entre ellas la funcionaria municipal Karina Barrón Perales.
En atención a medios de comunicación al finalizar la audiencia, que tuvo una duración de siete horas, Fernández adelantó que el 26 de marzo a las 10:00 horas se realizará una audiencia para buscar un acuerdo reparatorio, por lo que los imputados podrían recuperar su libertad.
Fernández señaló que, como parte de los posibles acuerdos, las tres personas involucradas deberán ofrecer una disculpa pública, ya que, aseguró, lo que estuvo en juego fue su reputación.
“Se dictó la vinculación a proceso y la defensa solicitó un acuerdo reparatorio. Yo no tengo el ánimo de que estas personas se queden en la cárcel; lo que quería era que quedara claro que mi nombre está limpio”, declaró.
El legislador explicó que, tras la audiencia, la defensa de los imputados solicitó iniciar un mecanismo de reparación del daño, mismo que podría destinarse a alguna fundación o asociación, aunque primero deberá revisarse conforme a la ley antes de concretarse.
“Son tres personas involucradas y las tres tienen que disculparse públicamente. Si hubiera una reparación económica, la valoraríamos y podría destinarse a una fundación o a causas altruistas”, indicó.
El senador también criticó presuntas irregularidades durante el proceso y cuestionó el actuar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al advertir que continuará investigando posibles fallas institucionales.
“Hoy no ganó nadie. Perdió mi familia, perdió la familia de los implicados, perdió la Fiscalía y pierde la democracia. Hubo mentiras en este proceso y vamos a pedir el desglose para investigar las fallas de la fiscalía”, afirmó.
Durante la audiencia también se determinó el aseguramiento de los teléfonos celulares de los implicados como parte de los indicios que serán analizados dentro de la investigación, con el fin de realizar peritajes forenses que permitan revisar comunicaciones relacionadas con el caso.
“Hoy solicitamos asegurar los celulares de los implicados como indicios y, cuando se realice la práctica forense, se podrá saber qué tipo de conversaciones existen en relación con este asunto. A partir de ahora inicia la investigación y la fiscalía tiene 60 días para realizarla”, explicó.
El legislador aseguró que, después de la audiencia del 26 de marzo, espera que los tres imputados puedan salir en libertad, mientras que él dejará el caso en manos de sus abogados para concretar el acuerdo correspondiente.
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