La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó este jueves graves omisiones por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) durante la investigación del predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
En ese lugar, colectivos de búsqueda localizaron en marzo de 2025 restos óseos, hornos y diversos objetos personales que apuntan a una presunta operación masiva de desaparición forzada. Sin embargo, la CNDH concluyó que la investigación presentó irregularidades graves, entre ellas evidencias sin asegurar, restos humanos sin inventariar, muestras genéticas sin analizar por meses y más de mil indicios difundidos en internet sin garantizar la cadena de custodia.
Fallas en el resguardo de evidencias
De acuerdo con el organismo, el caso comenzó el 18 de septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional entregó el inmueble a la Fiscalía estatal junto con 10 personas detenidas, con la instrucción de asegurar el predio y preservar los indicios localizados.
En el lugar se hallaron siete vehículos, armas de fuego, indicios balísticos, objetos de interés criminalístico y restos óseos. No obstante, la CNDH detectó que las autoridades no realizaron el procesamiento técnico integral de los indicios, pues en múltiples casos no se identificaron, documentaron, embalaron ni etiquetaron conforme a los protocolos.
Además, varias prendas y objetos localizados no cuentan con constancia de aseguramiento y en otros casos la cadena de custodia simplemente no existe, lo que compromete el valor probatorio de los indicios.
Restos óseos y evidencias sin inventariar
El 3 de octubre de 2024, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó una búsqueda específica de posibles sitios de inhumación clandestina dentro del predio.
Durante esa intervención se localizaron restos óseos y varios objetos relacionados con la investigación. Sin embargo, la CNDH documentó que ninguno de esos indicios fue asegurado, clasificado ni inventariado, y tampoco aparecen registrados en el dictamen correspondiente.
Incluso algunos elementos encontrados dentro del inmueble ni siquiera fueron mencionados en los informes periciales, lo que representa otra irregularidad grave en el manejo de la evidencia.
Desaparecen vehículos del rancho bajo resguardo
El organismo también detectó que tres de los siete vehículos encontrados en el inmueble desaparecieron el 25 de noviembre de 2024, cuando el predio aún se encontraba bajo resguardo oficial de la Fiscalía estatal.
Ninguno de los vehículos cuenta con dictámenes periciales que acrediten su procesamiento técnico, por lo que la CNDH concluyó que el estado de Jalisco incumplió su obligación de preservar y asegurar el lugar de los hechos.
Predio abierto al público durante peritajes
Otra de las irregularidades señaladas ocurrió el 20 de marzo de 2025, un día después de que personal de la CNDH realizara diligencias de observación en el lugar.
Ese día se permitió el ingreso de un número considerable de personas al predio, pese a que aún se encontraba en proceso de intervención pericial. La situación provocó alteraciones en el área y pudo comprometer posibles evidencias.
Según la Comisión, la responsabilidad directa de este hecho recae en la Fiscalía estatal por no garantizar la preservación de la escena.
Retraso en análisis de ADN
Las muestras biológicas recabadas el 20 de septiembre de 2024 fueron entregadas al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su análisis genético.
No obstante, el dictamen de genética no fue concluido sino hasta el 19 de marzo de 2025, es decir, cerca de seis meses después. Además, la comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas también se realizó hasta esa fecha.
Para las familias buscadoras, este retraso representa un obstáculo en los procesos de identificación y búsqueda de personas desaparecidas.
Más de mil indicios publicados sin cadena de custodia
La CNDH también detectó que los elementos probatorios del caso fueron publicados en la página oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
En ese archivo electrónico se incluyó la clasificación, descripción y fotografías de 1,842 indicios, pese a que ninguno contaba con una cadena de custodia debidamente garantizada.
Recomendaciones de la CNDH
Ante estas irregularidades, la Comisión emitió la Recomendación 11/2026, en la que exige a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar diversas acciones en un plazo máximo de seis meses.
Entre ellas se encuentra un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa hacia las víctimas, así como la elaboración o actualización de protocolos para la preservación de escenas del crimen, manejo de indicios y cadena de custodia.
Además, ambas instituciones deberán colaborar en los procedimientos administrativos contra los servidores públicos involucrados e implementar programas de capacitación especializada en derechos humanos e investigación forense.
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