Nuevo León.- La bancada de Morena en el Congreso local solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León que informe las razones de la eliminación del sistema de alertas ambientales y detalle las medidas actuales para proteger la salud de la población ante episodios de mala calidad del aire.
La diputada Grecia Benavides Flores señaló que la contaminación en el Área Metropolitana de Monterrey representa un problema grave que afecta diariamente a miles de familias y subrayó que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado.
“Respirar en Nuevo León no es un lujo. Es un derecho que el Estado debe garantizar”, afirmó la legisladora.
Sin mecanismo claro de información
La diputada advirtió que en meses recientes el Gobierno estatal eliminó el sistema de alertas ambientales sin que exista un mecanismo equivalente que informe de forma clara y oportuna a la ciudadanía cuando la calidad del aire representa un riesgo.
Como parte de su posicionamiento, mostró la aplicación oficial de monitoreo ambiental, la cual —dijo— no funciona desde octubre del año pasado y no ha sido actualizada.
“Esa es la seriedad con la que están tratando un tema que impacta directamente en la salud de la gente”, expresó.
Solicitan información técnica y sanitaria
El exhorto plantea que la Secretaría de Medio Ambiente informe:
-
La justificación técnica y legal para suspender el sistema de alertas ambientales
-
El mecanismo actual que lo sustituye
-
Cómo ha operado el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas en episodios recientes
-
Información actualizada sobre los daños a la salud derivados de la contaminación
La legisladora recordó que la normativa ambiental estatal establece la obligación de contar con sistemas de información y respuesta para proteger a la población durante contingencias.
Cuestionamientos a la política ambiental
Benavides Flores señaló que, mientras el Gobierno promueve programas de reforestación, la población permanece sin alertas claras durante episodios críticos de contaminación. Además, mencionó que han surgido señalamientos públicos sobre presuntas presiones a empresas contaminantes, lo que genera dudas sobre el enfoque de la política ambiental.
“La política ambiental no puede ser un discurso ni un mecanismo de presión. Debe servir primero para proteger la salud de la población, porque el derecho a la salud no es negociable”, concluyó.
About the Author
