Busca Jesús Elizondo combatir violencia patrimonial a mayores
El diputado local Jesús Elizondo exhortó a autoridades estatales a combatir la violencia patrimonial contra las personas adultas mayores, problemática que señaló afecta su dignidad, autonomía y seguridad.
El pleno del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) y al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, para que elaboren y publiquen un diagnóstico estatal sobre la incidencia de violencia patrimonial en este sector.
El acuerdo también incluye un exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que refuerce los mecanismos de denuncia establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando atención accesible e inmediata a víctimas adultas mayores.
Asimismo, se solicita a la Secretaría General de Gobierno emitir recomendaciones a notarios públicos, en coordinación con el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, para detectar abusos tempranos y brindar asesoría jurídica gratuita, especialmente en trámites como:
- Otorgamiento de poderes
- Donaciones
- Transferencias patrimoniales
- Compraventa de inmuebles
La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 6 personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato en el último año, siendo el abuso financiero uno de los más frecuentes y menos denunciados.
El legislador señaló que en su distrito, en Guadalupe, ha documentado casos donde familiares administran sin consentimiento pensiones o apoyos sociales, presionan para firmar cesiones de propiedad o despojan de viviendas a personas adultas mayores.
“En el distrito que represento se han presentado diversos casos donde se ejerce manipulación psicológica para obtener beneficios económicos, abusando de la indefensión y la vejez”, expresó.
El diputado subrayó que la violencia patrimonial no sólo implica la pérdida de bienes materiales, sino que compromete la estabilidad y dignidad de las personas mayores, especialmente cuando los abusos provienen de familiares cercanos, lo que dificulta la denuncia.
“El Estado no puede ser omiso cuando la dignidad de nuestros adultos mayores está en riesgo”, concluyó.
