Nuevo León.- Con el objetivo de respaldar a personas en situación de desempleo y, al mismo tiempo, mejorar el entorno urbano, la Bancada Independiente en el Congreso local presentó una iniciativa para crear el Seguro de Empleo Comunitario.
La diputada Rocío Montalvo Adame explicó que el programa otorgaría un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual por un periodo máximo de seis meses, condicionado a la realización de actividades de alto valor social en colonias y espacios públicos.
Apoyo económico con corresponsabilidad social
La propuesta busca transformar el concepto de asistencia social en un modelo de corresponsabilidad activa, en el que los beneficiarios mantengan un ingreso digno mientras contribuyen a mejorar su comunidad.
Entre las actividades contempladas se encuentran labores de vigilancia vecinal preventiva, mantenimiento de parques y jardines, así como brigadas de limpieza urbana.
“El trabajo dignifica y la solidaridad transforma las comunidades. Este programa es un mecanismo para que quien esté desempleado pueda aportar a su familia mientras contribuye activamente a la comunidad”, señaló la legisladora.
Reformas a cuatro leyes estatales
Para hacer viable el programa, la iniciativa plantea reformas a cuatro ordenamientos estatales:
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Ley de Desarrollo Social
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Ley de Seguridad Pública
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Ley de Gobierno Municipal
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Ley del Servicio Civil
De acuerdo con Montalvo, el modelo retoma experiencias federales de empleo temporal, pero adaptadas a las necesidades de Nuevo León, con énfasis en la seguridad y la recuperación de espacios públicos.
“Un parque limpio y vigilado no solo previene la delincuencia, también aumenta la plusvalía de las viviendas y devuelve el espacio a las familias”, explicó.
Reinserción laboral y fortalecimiento comunitario
La legisladora destacó que el periodo máximo de seis meses permitiría a los beneficiarios reintegrarse al mercado laboral formal sin perder su vínculo productivo.
“Esto es justicia social con enfoque comunitario. El Estado invierte, el ciudadano se involucra y la comunidad entera se beneficia”, afirmó.
En caso de ser aprobada, las autoridades estatales y municipales contarían con un plazo de 180 días para adecuar sus reglamentos y poner en marcha el programa.
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