Nuevo León.- La bancada de Morena en el Congreso local reingresó la iniciativa conocida como “Ley Ingrid”, con el objetivo de que el Poder Legislativo pueda determinar responsabilidades para autoridades que filtren evidencias relacionadas con investigaciones penales.
La diputada Grecia Benavides Flores informó que la propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 224 del Código Penal del Estado, a fin de tipificar como delito la difusión de imágenes, audios, videos o cualquier información que se encuentre bajo resguardo institucional dentro de una carpeta de investigación.
De acuerdo con la legisladora, las sanciones contemplan penas de seis meses a seis años de prisión, mismas que podrían incrementarse hasta en una mitad cuando el caso esté vinculado con delitos de feminicidio.
Buscan evitar la revictimización
Benavides explicó que el reingreso de la iniciativa permitirá que el tema sea discutido y resuelto dentro del procedimiento legislativo vigente en el Congreso de Nuevo León.
“La lucha para erradicar la violencia también es responsabilidad de los funcionarios, y debe quedar claro que no se debe revictimizar a nadie filtrando evidencias del proceso de investigación”, señaló.
La diputada advirtió que la difusión de material relacionado con las investigaciones genera un nuevo daño a las familias y personas cercanas a las víctimas.
“Todas las personas tenemos familia. Es muy lamentable que se revictimice y se vuelva a usar la imagen de alguien cuando ya fue víctima”, expresó.
Responsabilidad de autoridades, no de medios
La legisladora subrayó que la propuesta no limita el trabajo periodístico ni la libertad de expresión, ya que las responsabilidades recaen únicamente en los servidores públicos que tienen la custodia legal de la información.
“Estamos hablando de la dignidad de las personas y de garantizar que los servidores públicos que procuran justicia también tengan la responsabilidad de no revictimizar a ninguna persona”, indicó.
Asimismo, precisó que la regulación busca fortalecer la obligación de las autoridades de evitar cualquier daño adicional durante el proceso de procuración de justicia.
“Esto no es una falta de los medios de comunicación; es de quien procura la justicia”, concluyó.
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