Este jueves 19 de febrero entró en funcionamiento el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El nuevo mecanismo busca garantizar que la búsqueda inmediata de personas desaparecidas sea efectiva en todo el territorio nacional, mediante la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.
¿Quién operará la Alerta Nacional?
La administración y operación del Protocolo estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a través de sus direcciones especializadas en registro, procesamiento de información y acciones de búsqueda.
El sistema se activa una vez que la persona desaparecida es registrada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
¿Cómo funciona la Alerta Nacional de Búsqueda?
Cuando se genera una ficha de búsqueda:
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La CNB la envía de manera inmediata y automatizada a través de correos electrónicos oficiales.
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Se notifica a fiscalías especializadas, comisiones locales de búsqueda y autoridades de los tres niveles de gobierno.
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Las autoridades receptoras deben emitir acuse de recibo y abrir un expediente digital o físico.
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La ficha se difunde públicamente a nivel nacional y de forma masiva por todos los medios disponibles.
La difusión solo podrá limitarse si existe una causa razonable y fundada solicitada por familiares o representantes de la persona desaparecida.
Activación de protocolos especiales
Si se detecta un factor de vulnerabilidad, las fiscalías deberán activar de inmediato mecanismos adicionales como:
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Alerta Amber
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Protocolo Alba
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Ficha Amarilla de Interpol
En zonas con alto flujo migratorio, las comisiones locales podrán solicitar apoyo del Instituto Nacional de Migración, embajadas y consulados para ampliar la difusión.
Uso indebido tendrá sanciones
El Protocolo establece que utilizar la Alerta Nacional con fines distintos a la búsqueda de personas podrá derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Con esta medida, el Gobierno Federal busca fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la trazabilidad de las fichas y estandarizar la respuesta ante reportes de desaparición en todo el país.
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