Una jueza federal giró una nueva orden de captura contra dos excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta participación en el desvío de al menos 130 millones de pesos del erario federal.
Los señalados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas —actualmente en prisión—, e Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Presunto desvío millonario
La orden de aprehensión fue emitida en enero por Yaksi Kinari Alquicira, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre enero y diciembre de 2020 ambos exfuncionarios habrían solicitado, autorizado y realizado pagos indebidos por más de 130 millones de pesos provenientes de participaciones federales.
Los recursos fueron transferidos a las empresas:
- Grupo Octano: 100 millones 236 mil 619 pesos
- Centro Carretero San Jorge: 30 millones de pesos
- Seguros El Potosí: 8 millones 357 mil pesos
Según las investigaciones, no existían contratos que justificaran los servicios presuntamente prestados.
Investigación de la FGR y ASF
La indagatoria se originó tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
Las autoridades señalan que Israel Patrón Reyes habría realizado 87 solicitudes de pago, mismas que fueron autorizadas por Carlos Maldonado.
De ser encontrados culpables del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, los exfuncionarios podrían enfrentar penas de entre seis y 12 años de prisión.
Otros casos y posible extradición
Ambos exsecretarios también están vinculados con el presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.
La FGR solicitó a Estados Unidos la extradición de Israel Patrón Reyes, quien presuntamente huyó a ese país para evadir la justicia.
Investigación podría ampliarse
Autoridades no descartan que el caso involucre a otros funcionarios que participaron en la autorización de pagos irregulares, por lo que las investigaciones podrían ampliarse.
El proceso busca reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y sancionar posibles actos de corrupción en la administración estatal.
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