La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) sea operada por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, al determinar que no existe ilegalidad en la reforma aprobada en junio de 2022 por las bancadas del PAN y del PRI en el Congreso local.
El fallo pone fin a cuatro años de controversias legales en distintas instancias. La sentencia, propuesta por el ministro Arístides Guerrero, validó las modificaciones contenidas en el decreto 196, el cual fue impugnado por el gobernador Samuel García Sepúlveda.
“El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las atribuciones de una nueva Fiscalía para actuar contra operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, pues dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo”, señala la resolución.
Límite a la inmovilización de cuentas
No obstante, la Suprema Corte aclaró que la facultad para inmovilizar cuentas atribuida a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera invade competencias federales, previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución.
En ese sentido, el máximo tribunal precisó que solo el Congreso de la Unión puede expedir la legislación única en materia procedimental penal para la inmovilización de cuentas, al tratarse de una medida cautelar.
Votación y reservas
El dictamen fue aprobado con ocho votos a favor respecto a los apartados 7.1 y 7.2 del estudio. La ministra Loretta Ortiz emitió una salvedad, mientras que el ministro Irving Espinosa Betanzo anunció voto concurrente.
Con esta resolución, la Corte ratifica la validez del rediseño institucional de la UIFE en Nuevo León, aunque establece límites claros en materia de medidas cautelares financieras.
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