El diputado local Glen Villarreal Zambrano, de Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción en contra del alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, y de diversos funcionarios municipales.
La denuncia señala los presuntos delitos de Ejercicio Ilícito de Funciones y Abuso de Autoridad, derivados —según el legislador— del uso indebido de la fuerza pública para impedir una audiencia ciudadana pacífica.
Despliegue policial para impedir reunión vecinal
De acuerdo con Villarreal Zambrano, los hechos ocurrieron cuando, presuntamente por instrucciones del alcalde, se desplegó un operativo con al menos 12 patrullas y cerca de 30 elementos armados, así como funcionarios municipales de primer nivel, con el objetivo de amedrentar y evitar una reunión vecinal de carácter informativo.
El encuentro se realizaría en el Parque Las Arboledas y contaba con la asistencia aproximada de 15 a 20 ciudadanos, quienes buscaban dialogar de manera pacífica con su representante popular.
Señalan violación a derechos constitucionales
El diputado sostuvo que la actuación de la autoridad municipal carecía de sustento legal y constituyó una violación directa al derecho constitucional de libre reunión y asociación.
Además, denunció que elementos de la policía municipal retiraron sillas, mesas y un toldo utilizados en la reunión, los cuales fueron trasladados en un vehículo sin identificación oficial y sin que se entregara recibo o constancia alguna, acciones que calificó como arbitrarias.
Uso indebido de la fuerza pública
Villarreal Zambrano afirmó que estos hechos configuran el delito de ejercicio ilícito de funciones, al utilizar atribuciones que no corresponden a la autoridad municipal, así como abuso de autoridad, al emplear la intimidación policiaca contra ciudadanos.
“El uso de elementos entrenados para combatir a la delincuencia con el fin de cargar mobiliario y separar a vecinos de su representante popular refleja una distorsión grave del ejercicio del poder público”, señaló el legislador, al subrayar que San Nicolás enfrenta problemas reales de inseguridad que deberían ser prioridad.
Defensa de derechos ciudadanos
El diputado aclaró que la denuncia no responde a intereses personales ni partidistas, sino que busca proteger los derechos políticos y las garantías constitucionales de las y los ciudadanos de San Nicolás.
“No se trataba de un evento masivo ni de un acto partidista, sino de una audiencia ciudadana para escuchar y rendir cuentas”, enfatizó, al advertir que impedir reuniones pacíficas mediante el uso de la fuerza pública sienta un precedente peligroso para la vida democrática de Nuevo León.
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