La Casa Blanca calificó como una “tragedia” la muerte de Alex Pretti, quien falleció tras un tiroteo ocurrido durante protestas contra operativos migratorios en Minneapolis. El Gobierno federal señaló que el presidente Donald Trump rechaza cualquier pérdida de vidas en el país y subrayó que el caso continúa bajo investigación.
En conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que Trump “no quiere que ningún estadounidense pierda la vida en las calles ni en sus comunidades”, y añadió que, para el mandatario, “todas las vidas tienen el mismo valor”.
Investigación abierta y críticas a autoridades locales
Leavitt precisó que el incidente está siendo revisado por el FBI y sostuvo que la escalada de tensión se vio influida por decisiones de autoridades estatales y municipales de filiación demócrata. A su juicio, dichas autoridades han contribuido a un ambiente hostil hacia los agentes federales encargados de aplicar la ley migratoria.
La vocera también cuestionó el enfoque mediático del caso y dijo que, en otros episodios violentos vinculados a migración irregular, la atención pública ha sido menor.
Contacto con el gobernador y ajustes en el operativo
La Casa Blanca informó que Trump conversó telefónicamente con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, diálogo que fue descrito como constructivo. Asimismo, se anunció el envío de Tom Homan para supervisar el despliegue federal en la zona.
Leavitt negó que exista un rompimiento en la estrategia y aseguró que el presidente mantiene su respaldo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, así como al responsable operativo Gregory Bovino.
El contexto de las protestas
Pretti, enfermero estadounidense de 37 años, murió el sábado durante manifestaciones contra redadas migratorias. Su fallecimiento es el segundo registrado en este ciclo de protestas, tras la muerte de Renée Gold el pasado 7 de enero.
Mientras líderes locales y manifestantes piden retirar a las fuerzas federales y suspender los operativos, Trump acusa a dirigentes demócratas de alentar las movilizaciones para desviar la atención de presuntas irregularidades en programas sociales.
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