Nuevo León.- La diputada local y presidenta del Congreso del Estado de Nuevo León, Itzel Castillo Almanza, condenó lo que calificó como una “asfixia presupuestal” por parte del Gobierno del Estado hacia los Poderes y organismos autónomos, al acusar un incumplimiento del presupuesto autorizado por el Congreso para el ejercicio 2025.
La legisladora panista afirmó que el Ejecutivo estatal ha intentado maquillar un recorte real mediante comparaciones “tramposas”, al contrastar las transferencias actuales con las de 2024 y no con las correspondientes a 2025, como legalmente debería realizarse.
“No se puede hablar de un incremento cuando se ignora deliberadamente el Presupuesto 2025, que establece montos claros y superiores para los Poderes y los organismos autónomos”, sostuvo Castillo Almanza.
La presidenta del Congreso lamentó que el debate se reduzca a cifras aisladas, cuando el reclamo de fondo es el incumplimiento del presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.
“Que quede muy claro: los Poderes y organismos autónomos no pedimos anticipos ni favores, exigimos respeto a la ley y al presupuesto aprobado, algo que el Gobierno estatal está evadiendo”, enfatizó.
Castillo advirtió que la autonomía del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos autónomos se ve vulnerada cuando el Ejecutivo decide de manera discrecional cuánto y cuándo depositar los recursos.
“Vaya forma de demostrar voluntad de llegar a acuerdos y apertura al diálogo”, reprochó.
La legisladora dio a conocer que esta situación se presenta luego de que la administración estatal aplicara recortes presupuestales al Poder Judicial y al Poder Legislativo, así como a diversos organismos autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo con lo expuesto, al Poder Judicial se le recortaron 14 millones de pesos; al Poder Legislativo, 4 millones; a la Fiscalía General de Justicia, 20 millones; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2 millones; mientras que al Instituto Estatal de Transparencia y a la Auditoría Superior del Estado se les redujo un 10 por ciento de su presupuesto.
Ante este escenario, los Poderes y organismos afectados solicitaron al Gobierno del Estado la entrega completa de los recursos necesarios para su operación y advirtieron que, de no cumplirse, podrían recurrir a controversias constitucionales.
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