Nuevo León.- Los titulares del Poder Judicial y del Poder Legislativo, así como de la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado, solicitaron al Gobierno de Nuevo León la entrega completa de los recursos presupuestales para poder operar, de lo contrario, advirtieron que recurrirán a controversias constitucionales.
Durante una rueda de prensa, la presidenta del Congreso local, Itzel Castillo Almanza, calificó como arbitrario el recorte aplicado por la Tesorería Estatal y acusó que se trata de un acto de presión política por parte del gobernador Samuel García Sepúlveda, como ha ocurrido en años anteriores.
La legisladora sostuvo que, aun bajo el esquema de reconducción presupuestal, la ley establece con claridad que el presupuesto aplicable es el del ejercicio 2025, por lo que rechazó las interpretaciones unilaterales del Ejecutivo estatal.
Acusan presión política desde el Ejecutivo
Castillo Almanza afirmó que la reducción de recursos pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones laborales y administrativas de los poderes y organismos autónomos, por lo que exigió la transferencia total e inmediata de los recursos que por ley les corresponden, así como una explicación formal y pública que justifique la medida.
Subrayó que Nuevo León no puede normalizar que el Ejecutivo administre los recursos públicos bajo criterios personales ni que se utilice a la Tesorería como un mecanismo de presión política y administrativa.
Millonarios recortes a instituciones clave
De acuerdo con la información presentada, a la Fiscalía General de Justicia se le aplicó un recorte de 20 millones de pesos; al Poder Judicial, 14 millones; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dos millones; mientras que el Instituto Estatal de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado reportaron reducciones del 10 por ciento en sus presupuestos.
La titular del Tribunal Superior de Justicia, Laura Perla Córdova Rodríguez, advirtió que están abiertas todas las vías legales para impugnar el recorte, incluyendo la presentación de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Reclaman falta de diálogo institucional
Por su parte, el coordinador legislativo Carlos de la Fuente Flores calificó la medida como una falta de cortesía política y una forma de presión indebida hacia los poderes y organismos autónomos.
Aseguró que el llamado al diálogo por parte del Gobierno estatal ha sido únicamente mediático, ya que no ha existido un acercamiento directo con los coordinadores legislativos ni con los titulares de los organismos involucrados.
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