Monterrey,N.L.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia formal ante la Contraloría Interna del Congreso en contra de la diputada Sandra Pámanes Ortiz, por presuntamente promover el incumplimiento de la ley al llamar a la ciudadanía a no pagar el impuesto predial en Monterrey.
La denuncia fue interpuesta por la diputada local del PRI Armida Serrato Flores, quien ingresó el oficio ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, al considerar que las declaraciones públicas de Pámanes constituyen conductas contrarias a las obligaciones legales de las y los legisladores.
Serrato Flores explicó que la denuncia deriva de señalamientos en los que Pámanes cuestionó la actualización de los valores catastrales del municipio de Monterrey, además de ofrecer formatos de amparo sin sustento jurídico, lo que ,dijo, induce a la población a incumplir la ley.
“La diputada Sandra Pámanes ha manifestado situaciones que no son ciertas, con preceptos de engaño a la ciudadanía, donde ella está pidiendo incumplir la ley”, afirmó la legisladora priista.
“Engaña a la ciudadanía diciendo que la actualización del impuesto predial es ilegal e incluso pone al partido de Movimiento Ciudadano a disposición de los ciudadanos para promover amparos contra un impuesto que para ella es ilegal. Se me hace muy delicado que quiera engañar a la ciudadanía”, añadió.
La diputada del PRI sostuvo que la actualización de valores catastrales en Monterrey es legal, ya que el procedimiento se realizó conforme a la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, con base en estudios técnicos elaborados durante 2024 por especialistas en materia inmobiliaria.
Recordó además que dicho incremento fue aprobado por el Cabildo y avalado por el Pleno del Congreso, incluyendo —señaló— el voto favorable de legisladores de Movimiento Ciudadano, entre ellos Sandra Pámanes, cuando el entonces alcalde era Luis Donaldo Colosio.
“Este procedimiento no lo hace un alcalde ni un partido político; lo realizan especialistas, se aprueba en Cabildo y fue avalado por el Congreso. Es falso que deba reponerse el procedimiento o que el cobro sea ilegal”, puntualizó Serrato.
Asimismo, indicó que la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, en febrero de 2025, otorgó plena vigencia a la actualización del predial, al tratarse de una disposición que entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Será la Contraloría del Congreso la encargada de analizar los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades.
Entre las posibles sanciones mencionó amonestaciones públicas o privadas, e incluso la posibilidad de un juicio político, que podría derivar en la destitución del cargo, si así lo determina el Pleno.
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