El decreto aprobado por el Congreso de Nuevo León, mediante el cual se modifican los límites territoriales de los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey, fue publicado este lunes en el Periódico Oficial del Estado.
La publicación representa un avance clave para que sea factible la construcción del nuevo estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al permitir que todo el desarrollo del proyecto quede dentro de un solo municipio.
En el documento se detallan las modificaciones al artículo 9 de la Ley de Gobierno Municipal, donde se precisa el ajuste del polígono ubicado en la intersección del municipio de San Nicolás, a la altura de la avenida Estadio, colindante con terrenos de la Cuarta Región Militar de Monterrey.
De acuerdo con el Decreto 162, la adecuación de los límites territoriales deriva de una solicitud aprobada por unanimidad por el Congreso local el pasado 16 de diciembre, mediante la cual el municipio de Monterrey acordó ceder a San Nicolás una superficie de 33 mil 679 metros cuadrados.
El objetivo central de esta medida es que el desarrollo del estadio, desde su planeación hasta su operación, se localice completamente en un solo municipio, lo que permitirá agilizar trámites administrativos, permisos y procesos de factibilidad.
Con la publicación oficial, el decreto entrará en vigor a partir del día seis, estableciendo que todas las obligaciones fiscales, administrativas y de cualquier índole a cargo de particulares deberán ser atendidas ante la autoridad municipal correspondiente, conforme a la nueva delimitación territorial.
El documento aclara además que la medida no invalida ni modifica los convenios de coordinación o colaboración vigentes entre Monterrey y San Nicolás.
“El presente Decreto no invalida ni modifica los convenios de coordinación o colaboración celebrados entre los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, siendo subsistentes en todos y cada uno de sus términos”, señala el transitorio cuarto.
Asimismo, se precisa que se respetarán los derechos adquiridos de los particulares ubicados dentro de las áreas delimitadas, garantizando certeza jurídica a propietarios y habitantes de la zona.
Finalmente, se establece que los cambios deberán ser notificados a los municipios involucrados, así como al Instituto Registral y Catastral, la Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que realicen las actualizaciones y gestiones legales correspondientes.
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