Ejidatarios del municipio de Hidalgo, Nuevo León, solicitaron al Congreso del Estado que se asigne un presupuesto específico para cubrir las indemnizaciones económicas derivadas del despojo de terrenos pertenecientes al Ejido Potrero Chico, cuyos derechos de propiedad han sido reconocidos por el Tribunal Agrario.
Más de 25 años de lucha legal
De acuerdo con los afectados, alrededor de 400 ejidatarios han mantenido una lucha legal y social de más de 25 años, en la que han exigido a autoridades estatales, municipales y federales la compensación económica por la ocupación de sus predios.
Actualmente, en estos terrenos se asientan más de 30 mil personas, distribuidas en al menos 21 colonias del municipio de Hidalgo.
Sentencias del Tribunal Agrario respaldan la reclamación
El representante legal de los ejidatarios, Francisco López Salinas, explicó que existen sentencias firmes del Tribunal Agrario que reconocen la existencia jurídica del Ejido Potrero Chico, lo que obliga a las autoridades a cubrir una indemnización conforme al valor actual de los terrenos.
Ante esta situación, indicó que se envió un oficio al Poder Legislativo para que se contemplen los recursos presupuestales necesarios, a fin de que tanto el Gobierno del Estado como el municipio de Hidalgo paguen las compensaciones a los legítimos propietarios.
“Con la intervención de las diputadas y diputados se abre la posibilidad de negociar entre los ejidatarios y las autoridades de todos los niveles de gobierno, y alcanzar un acuerdo social y económico”, señaló.
Buscan acuerdo sin afectar a familias
López Salinas aclaró que los ejidatarios no buscan afectar a las familias que actualmente habitan las colonias asentadas en los terrenos en disputa, ya que muchas adquirieron sus propiedades de buena fe.
“No queremos llegar a solicitar desalojos; buscamos un acuerdo que beneficie a todas las partes y permita el pago de las indemnizaciones conforme a la ley”, subrayó.
Denuncian fraccionamiento irregular de tierras
Los ejidatarios reclaman el despojo de 8 mil 390 hectáreas, otorgadas mediante decreto presidencial como Ejido Potrero Chico, las cuales durante casi tres décadas han sido fraccionadas en colonias y predios urbanos por distintas administraciones municipales y estatales.
Asimismo, denunciaron la existencia de una red de intermediarios inmobiliarios que presuntamente ha comercializado terrenos sin contar con derechos legales, incluso obteniendo servicios de agua y energía eléctrica para predios no urbanizables.
También señalaron que la actual alcaldesa de Hidalgo, Adriana Margarita Garza, habría continuado otorgando permisos y planos para nuevas edificaciones, pese a la existencia de sentencias judiciales y órdenes que lo prohíben, lo que podría constituir desacato.
Indemnización podría superar los 100 mil millones de pesos
Finalmente, el representante legal indicó que, con base en estimaciones del mercado inmobiliario, el monto de indemnización por más de 8 mil 300 hectáreas podría superar los 100 mil millones de pesos, por lo que reiteró el llamado al Congreso para que intervenga y garantice el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
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