Monterrey, N.L.- La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) detectó daños al erario público por un monto de 12 mil 272 millones de pesos en la revisión de las cuentas públicas 2024 de 142 entes de gobierno y municipios, informó su titular Alejandro Reynoso Gil al entregar el informe al Congreso Local.
Durante la sesión de entrega, el auditor destacó que las dependencias con mayor número de irregularidades fueron el Gobierno Central, Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Movilidad, las cuales concentran una parte significativa de las observaciones detectadas.
“Tenemos que fueron 14 mil 820 observaciones emitidas, que en conjunto suman un monto observado por cerca de 12 mil 272 millones de pesos en presuntos daños”, explicó Reynoso Gil.
Incremento de irregularidades respecto a 2023
El titular de la ASE señaló que el monto observado en 2024 es cinco veces superior al detectado en el ejercicio 2023, resultado de una fiscalización con mayor alcance y profundidad.
“El incremento obedece a que las auditorías fueron más amplias y con criterios técnicos más estrictos. En cuestión del Ejecutivo, destacan Movilidad por las obras en curso, el propio Gobierno Central y Agua y Drenaje”, detalló.
Reynoso añadió que el informe se deriva de 342 auditorías practicadas, las cuales generaron 14 mil 820 observaciones a diferentes entes públicos, incluyendo organismos descentralizados y ayuntamientos.
Obras y posibles daños a infraestructura
El auditor informó que actualmente se realizan auditorías especiales a la Secretaría de Movilidad y Agua y Drenaje de Monterrey, debido a daños ocasionados al drenaje pluvial por las obras de la Línea 4 del Metro.
Para ello, explicó, se ha solicitado la colaboración de especialistas en ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y del Colegio de Ingenieros Civiles del estado, con el fin de obtener un dictamen técnico concluyente.
Congreso definirá sanciones
Durante la entrega de 46 cajas con documentación, Reynoso Gil aclaró que será el Congreso del Estado quien determine si las acciones derivadas serán de carácter administrativo o penal, una vez concluido el proceso de revisión.
“Nosotros entregamos y ya el Congreso determina las acciones penales, administrativas o de control interno. Aún falta el proceso de derechos de audiencia y comprobación antes de cualquier resolución definitiva”, puntualizó.
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