Monterrey,NL.- Las autoridades de Nuevo León no descartan la posibilidad de un accidente como causa principal del incendio que el fin de semana consumió 24 vehículos y afectó ocho viviendas en la colonia Jardines de Santa Catarina, dejando cuantiosos daños materiales y más de 200 personas evacuadas.
El siniestro se originó en un taller mecánico que almacenaba diésel, donde una explosión habría detonado el fuego que se propagó rápidamente por el área urbana.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el inmueble ya fue asegurado y se prepara un cateo con periciales para determinar las causas exactas del incidente.
“Inició en un taller mecánico, hubo derramamiento de gasolina o combustible. Debe ser accidental, aunque no podemos determinarlo hasta que entren los peritos; se hará un cateo”, declaró Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Nuevo León, tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.
Aseguran el taller y preparan peritajes
El taller, que presuntamente almacenaba grandes cantidades de diésel, permanece bajo resguardo judicial mientras la Fiscalía obtiene la orden de cateo necesaria para que los expertos en incendios y sustancias peligrosas recaben las evidencias.
Los peritos realizarán análisis químicos y estructurales para determinar si existieron irregularidades en el manejo de combustibles o si el incendio fue resultado de un error humano o accidente fortuito.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se busca establecer si el negocio contaba con medidas de seguridad vigentes y permisos actualizados, pues el inmueble ya tenía registro operativo desde 2008.
Daños millonarios y familias afectadas
El fuego provocó daños estimados en más de 15 millones de pesos, según autoridades municipales, e impactó directamente a decenas de familias cuyas viviendas resultaron dañadas por el calor y el humo.
Las personas evacuadas fueron trasladadas temporalmente a albergues y hoteles del municipio, mientras que Protección Civil y Bomberos de Nuevo León concluyeron las labores de enfriamiento y evaluación de riesgo estructural.
Los propietarios de los vehículos siniestrados esperan ahora el resultado de las investigaciones para determinar posibles responsabilidades civiles o penales derivadas del incendio.
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