Ciudad de México.- La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán a realizar una investigación exhaustiva sobre el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido en días recientes, y a combatir la corrupción y las extorsiones que afectan al sector productor de limón en la región.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la organización señaló que las acciones emprendidas por las autoridades no han sido suficientes para erradicar la violencia y los abusos que enfrentan los agricultores.
“Los productores de limón enfrentan graves problemas derivados de la extorsión y la compra de su fruto a bajo costo”, expresó AI.
El llamado se da en medio de una crisis de inseguridad y control criminal en la zona limonera de Michoacán, donde productores han denunciado durante años el cobro de cuotas, amenazas y manipulación de precios por parte de grupos delictivos.
El pronunciamiento de Amnistía Internacional coincide con el envío a la Cámara de Diputados de la iniciativa presidencial de Ley General de Extorsión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca unificar el tipo penal en todo el país y perseguir de oficio este delito, permitiendo además denuncias anónimas por parte de las víctimas.
La propuesta también contempla tipificar como delitos graves la emisión de comprobantes fiscales falsos y el contrabando, delitos vinculados al tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos.
De ser aprobada, la nueva legislación impondrá penas de hasta 25 años de prisión para los responsables de estos actos ilícitos, con el objetivo de fortalecer la protección a víctimas de extorsión y combatir la impunidad que prevalece en diversas regiones del país, particularmente en Michoacán, Guerrero y Veracruz.
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