Monterrey, N.L.- La diputada independiente Rocío Montalvo Adame presentó una iniciativa para reformar la Ley de Defensoría Pública con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, eliminando la actual prohibición de “doble representación” que les impide acceder a una defensa legal gratuita cuando son la contraparte en un proceso judicial.
“En pleno 2025 las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras legales para acceder a la justicia. Cuando acuden a la Defensoría Pública y descubren que no pueden ser representados por ser la contraparte, corren el riesgo de quedar completamente indefensos. Esto es discriminación institucionalizada y una violación a sus derechos humanos”, expresó la legisladora y coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo.
Montalvo explicó que las personas con discapacidad enfrentan una mayor precariedad económica, lo que hace inaccesible contratar una defensa privada.
“Las personas con discapacidad ganan en promedio 34% menos que el resto de la población y enfrentan gastos extraordinarios en terapias, medicamentos y dispositivos de asistencia. Para ellas, la Defensoría Pública no es una opción, es muchas veces la única vía para acceder a la justicia”, agregó.
La iniciativa propone reformar el Artículo 39 de la Ley de Defensoría Pública para añadir como excepción el ser persona con discapacidad, eliminando así la restricción que impide al Instituto representar a ambas partes en un conflicto legal cuando una pertenece a este grupo vulnerable.
La diputada recordó que colectivos de personas con discapacidad en Nuevo León han denunciado públicamente los obstáculos que enfrentan al solicitar representación legal gratuita.
“Esta reforma busca corregir una injusticia histórica y alinear nuestra legislación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México ratificó en 2007”, afirmó.
Según datos citados por Montalvo, el 33.8% de las personas con discapacidad han sufrido discriminación, frente al 23.7% de la población general.
“Las cifras demuestran que tenemos un sistema que excluye en lugar de incluir. Esta reforma no es un favor, es el cumplimiento de una obligación constitucional y convencional del Estado”, sentenció.
Finalmente, la legisladora hizo un llamado a todos los grupos legislativos para aprobar la iniciativa con carácter urgente.
“La justicia no puede ser un lujo para quienes pueden pagarla. Exhorto al Congreso a respetar la dignidad y devolver el acceso a la justicia a miles de nuevoleoneses en situación de vulnerabilidad. No podemos fallarles”, concluyó Montalvo.
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