Estambul, Turquía.– Activistas internacionales que fueron deportados por Israel tras la interceptación militar de la flotilla Global Sumud denunciaron haber sido víctimas de violencia física y tratos inhumanos durante su detención.
La flotilla, que zarpó en septiembre desde Barcelona, tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a Gaza, donde la ONU advierte de una grave situación de hambruna. Israel mantiene un bloqueo naval sobre Gaza, y desde hace casi dos años enfrenta un conflicto con Hamas, tras el ataque del grupo palestino a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
Maltrato y deportación
Israel detuvo a más de 400 personas, deportando a los primeros 137 activistas de 13 países, quienes llegaron a Estambul el sábado. Paolo Romano, político italiano, relató que los abordaron barcos militares, obligándolos a arrodillarse y golpeándolos si se movían, además de insultos y amenazas con armas.
“Nos trataron como animales”, declaró Romano a AFP en el aeropuerto de Estambul.
Entre los participantes se encontraban políticos y activistas reconocidos, incluida la activista climática Greta Thunberg. Iylia Balais, activista de Malasia, describió la experiencia como “la peor”: esposados, obligados a acostarse boca abajo, negación de agua y medicamentos.
Reacciones internacionales
El gobierno turco calificó la interceptación como un acto de terrorismo, y el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, elogió a los activistas por “dar voz a la conciencia humana”. Familias y simpatizantes recibieron a los deportados con banderas turcas y palestinas en el aeropuerto.
Huelga de hambre
Tras su detención, dos activistas belgas, Alexis Deswaef, abogado y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Latifa Gharbaoui, iniciaron una huelga de hambre en protesta por el maltrato recibido, que incluyó interrogatorios sin presencia legal y agresiones en prisión, según la ONG Adalah.
La flotilla contó con más de 40 barcos abordados por las autoridades israelíes durante 12 horas, y participantes de Argentina, Brasil, Colombia, México y España, entre otros países, denunciaron trato inhumano durante la detención.
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