Una jueza federal reafirmó la vigencia del Acuerdo Flores y reiteró que el Gobierno estadounidense tiene la obligación de procesar, transferir y liberar con rapidez a los niños inmigrantes detenidos en la frontera.
Dolly Gee, jueza del Tribunal del Distrito Central de California, rechazó la petición de la administración de Donald Trump para dar por terminado el pacto firmado en 1997.
El acuerdo, vigente desde hace casi tres décadas, establece que los menores no pueden ser retenidos en centros de detención por más de 20 días y obliga a garantizarles seguridad y bienestar. Sin embargo, el monitor designado por la corte documentó evidencia “alarmante” de detenciones prolongadas en condiciones punitivas, comparables a prisiones, en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Estas instalaciones son crueles, inhóspitas y psicológicamente traumáticas para los niños”, denunció Sarah Kahn, abogada del Center for Human Rights and Constitutional Law.
Los testimonios recabados confirman que muchos menores pasan semanas e incluso meses sin ver la luz del sol, bajo temperaturas inadecuadas y con iluminación constante que les impide dormir.
En su fallo, Gee ordenó limitar las estancias en la CBP únicamente al tiempo “razonablemente requerido” para el procesamiento y traslado a centros apropiados. También exigió condiciones dignas como ambientes con temperaturas confortables y espacios oscuros para dormir.
“Ningún niño debería estar en prisión por ningún período de tiempo”, enfatizó Kahn, destacando la relevancia del fallo para frenar prácticas que vulneran derechos humanos.
About the Author
