Monterrey, Nuevo León.– Diputados del Congreso del Estado de Nuevo León lanzaron fuertes críticas contra el Gobierno estatal y las autoridades federales, al considerar inaceptable que se pretenda esperar 11 meses para analizar a fondo las partículas contaminantes del aire en el área metropolitana de Monterrey.
Durante la sesión legislativa, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, advirtió que, a cuatro años de la actual administración estatal, la agenda ambiental está prácticamente iniciando desde cero. Señaló que la promesa del nuevo secretario de Medio Ambiente de elaborar un inventario de emisiones en 11 meses evidencia la inacción del anterior titular.
“El problema es que estamos arrancando de cero en el cuarto año de este gobierno. No hay una estrategia clara en materia ambiental. Urge utilizar el recurso del impuesto verde para instalar más torres de monitoreo y activar un sistema de verificación vehicular gratuito y funcional”, sostuvo el legislador panista.
Por su parte, el diputado del PRI, Javier Caballero Gaona, acusó a las autoridades de “patear el bote” y prolongar las decisiones, intentando evitar la presión social y mediática.
“Esto es una manera de alargar el discurso sin tomar acciones concretas. No confiamos en este nuevo plazo de once meses y seguimos sin saber dónde están los recursos del impuesto verde”, cuestionó.
Desde el PRD, la coordinadora Perla Villarreal Valdez también expresó su inconformidad, argumentando que la crisis ambiental en la ciudad no puede esperar un año más.
“Ya les gustó el número 11, pero no nos podemos dar el lujo de seguir respirando este aire contaminado. Urgen medidas contundentes y un monitoreo público de los avances”, exigió.
Finalmente, el diputado de Morena, Jesús Elizondo Salazar, fue enfático al exigir sanciones inmediatas a las industrias contaminantes que operan fuera de norma.
“Ya sabemos qué empresas están contaminando. No hay excusas. Es momento de clausurar, decomisar o aplicar sanciones reales. Necesitamos decisiones firmes”, concluyó.
Los legisladores coincidieron en que el Congreso tiene la responsabilidad de alzar la voz ante una emergencia ambiental que afecta directamente la salud de los ciudadanos, y exigieron transparencia y resultados inmediatos por parte de las autoridades correspondientes.
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