CIUDAD DE MÉXICO, 20ABRIL2023.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el traslado operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir del 1 de enero de 2024. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tomará funciones a partir del 1 de septiembre, recibirá una carga de trabajo de al menos 1,151 asuntos pendientes, entre los cuales 76 están relacionados con reformas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Entre los casos más relevantes están la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la reforma al ISSSTE en materia de créditos hipotecarios, y las modificaciones legales que otorgaron mayores facultades a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, para hacer nombramientos sin el respaldo del Consejo General.
También figuran las controversias por la participación de las Fuerzas Armadas en telecomunicaciones y espacio aéreo —aprobadas en marzo de 2024 durante el llamado “viernes negro legislativo”—, la declaración del litio como bien de utilidad pública, el Plan B de reforma electoral, la creación del Banco de ADN y el caso fiscal entre el SAT y Elektra.
Los nueve nuevos integrantes de la Corte fueron elegidos por voto popular el pasado 1 de junio, tras la reforma judicial avalada en 2024 que modificó el método de selección. Entre los electos figuran Hugo Aguilar, quien además será el próximo presidente del máximo tribunal, así como Sara Irene Herrerías, Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, y las reelecciones de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Como parte del proceso de transición, la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, instruyó desde abril que no se turnaran más casos a los ministros en funciones, con el objetivo de cerrar sus expedientes antes del 31 de agosto. A partir de septiembre, todos los asuntos deberán discutirse en el pleno, ya que la reforma judicial también eliminó las salas.
De los más de mil expedientes pendientes, 685 corresponden al pleno, 331 a la Primera Sala y 112 a la Segunda Sala. Además, hay 194 acciones de inconstitucionalidad, 275 controversias constitucionales, 216 amparos en revisión, y otros recursos que incluyen declaratorias, reclamaciones y contradicciones de criterio.
Con la llegada del nuevo pleno, la Suprema Corte enfrentará el reto de resolver no solo el rezago judicial, sino también definiciones clave sobre la constitucionalidad de diversas reformas estructurales promovidas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
