Concluidos los foros sobre la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, persisten diferencias clave entre los actores involucrados, principalmente en torno a la fecha de entrada en vigor del cambio.
Mientras el gobierno federal plantea una implementación gradual hasta 2030, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pide que se aplique de inmediato, y otros sindicatos proponen el arranque a partir de enero de 2027.
Raúl Domínguez Rex, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) y presidente del Congreso del Trabajo del Estado de México, sostuvo en entrevista con El Universal que la reducción no debe aplicarse de forma paulatina, ya que eso podría invalidar el beneficio para los trabajadores.
“Si la jornada se reduce una o dos horas al año, el patrón preferirá pagar horas extra que contratar nuevo personal. Eso cancela cualquier avance real para el trabajador”, advirtió.
Domínguez Rex explicó que solo una aplicación completa e inmediata obligaría a los empleadores a redistribuir las cargas laborales o contratar más personal, generando así un impacto positivo. Agregó que la excepción podría darse en micro y pequeñas empresas, por sus limitaciones económicas.
También subrayó que el ajuste en la jornada laboral no debe significar pérdida de beneficios ya adquiridos, como bonos de puntualidad o vales de despensa.
“Lo ganado, ganado está. La reducción de jornada debe ser un derecho adicional, como sucedió con los días de vacaciones. Más descanso, sin afectar prestaciones”, enfatizó.
El dirigente también remarcó que el sector laboral está plenamente a favor de la jornada de 40 horas, por los beneficios que implicaría en términos de salud mental, convivencia familiar, eficiencia y productividad.
“Menos horas de trabajo no solo mejoran la calidad de vida del trabajador, también elevan su rendimiento”, concluyó.
