El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó analizar la legalidad de las leyes estatales que prohíben a personas transgénero participar en equipos deportivos femeninos en escuelas y universidades públicas.
El caso involucra a Lindsay Hecox, de 24 años, y Becky Pepper-Jackson, de 15, dos estudiantes trans que enfrentan restricciones en los estados de Idaho y Virginia Occidental, respectivamente. Ambas habían obtenido fallos judiciales previos que les permitían competir conforme a su identidad de género.
Hecox recibe tratamiento hormonal con estrógenos y supresión de testosterona, mientras que Pepper-Jackson toma medicamentos para bloquear la pubertad. Los argumentos orales ante la Corte se prevén para finales de este año, y la decisión definitiva llegaría en junio de 2026.
Idaho fue el primer estado del país en aprobar una ley de este tipo en 2020. Desde entonces, más de 20 estados han adoptado medidas similares, impulsadas en gran parte por sectores conservadores.
Esta revisión legal ocurre en un contexto de creciente presión política. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato desde enero, firmó en febrero una orden ejecutiva para prohibir que mujeres trans compitan en deportes femeninos, cumpliendo así una de sus principales promesas de campaña.
La orden se fundamenta en una interpretación del Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas con fondos federales. Sin embargo, múltiples estudios científicos cuestionan la narrativa de una “ventaja injusta” por parte de las atletas trans, argumento central en la postura del expresidente y sus aliados.
En la misma línea, la Universidad de Pensilvania (UPenn) anunció esta semana la exclusión de atletas trans en sus equipos femeninos, en un intento por cerrar una investigación federal sobre Lia Thomas, nadadora trans que competía en la NCAA. La institución también retirará sus títulos.
