Como parte de su estrategia para reducir el tamaño del gobierno, el presidente Donald Trump ha propuesto un amplio recorte presupuestal a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), incluyendo la eliminación de 540 inspectores —dos tercios de su personal de campo— y la revisión de medio centenar de regulaciones internas.
Según medios estadounidenses, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha desplegado personal para auditar la operación de la ATF, con el objetivo de “simplificar” procesos y reducir la burocracia.
Entre los cambios propuestos se encuentra permitir la destrucción de archivos de tenencia de armas después de 20 años —en lugar de conservarlos de forma permanente— y ampliar el plazo de revisión de antecedentes de 30 a 60 días. Además, el cuestionario federal obligatorio para comprar un arma (formulario 4473) podría reducirse de siete a tres páginas.
El Departamento de Justicia ya propuso un recorte del 25% al presupuesto de la ATF para el próximo año fiscal. La fiscal general Pamela Bondi incluso sugirió fusionar la ATF con la DEA, decisión que ha generado inquietud en organizaciones a favor del control de armas.
Activistas advierten que las modificaciones propuestas podrían generar vacíos legales que dificulten rastrear armas vinculadas a crímenes y permitir que compradores con antecedentes accedan a armamento sin el debido escrutinio.
Según datos de la ONG Gun Violence Archive, hasta ahora en 2025 se han registrado más de 7 mil 300 muertes por armas de fuego y al menos 192 tiroteos masivos en EE.UU. Entre las víctimas se cuentan más de 500 adolescentes y más de 1,400 heridos en ese mismo grupo etario.
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