Monterrey,NL.- Luego de que Mónica Lissett Reyes Garza fuera designada como Fiscal Ambiental interina en Nuevo León, diputados de diversas bancadas del Congreso Local exigieron que se implementen acciones contundentes contra las empresas contaminantes y que ningún caso quede impune.
Legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PRI y PAN coincidieron en la urgencia de reforzar el combate a los delitos ambientales, especialmente ante el alarmante incremento de denuncias registradas en 2025.
La coordinadora del PVEM, Claudia Chapa Marmolejo, reconoció que la nueva Fiscal enfrentará un gran reto debido a la acumulación de investigaciones pendientes.
“El gran reto es revisar las carpetas de investigación que tienen en la Fiscalía, para resolverlas. Además, se deben generar estadísticas claras sobre cuántas denuncias existen y cuántas han sido resueltas”, indicó.
En 2024 se registraron 37 denuncias por delitos ambientales, pero para 2025 la cifra aumentó a 125 carpetas de investigación, lo que evidencia una situación crítica que requiere una respuesta inmediata y firme por parte de la autoridad.
Por su parte, el diputado del PRI Javier Caballero Gaona calificó como positivo el nombramiento interino, pero exigió que se designe a la brevedad una titular formal, con el fin de garantizar el sustento legal de futuras sanciones contra fuentes contaminantes.
“Necesitamos un nombramiento formal para que las sanciones estén respaldadas legalmente y no puedan ser revertidas por amparos de las empresas o personas responsables”, apuntó.
A su vez, Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, hizo un llamado para que exista una buena coordinación entre la nueva Fiscal y la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, encabezada recientemente por un nuevo titular.
“Es indispensable que haya colaboración entre ambas instancias para avanzar en la lucha contra la contaminación y reducir los daños ambientales que afectan a la ciudadanía”, concluyó.
La designación de Mónica Reyes como Fiscal Ambiental interina ocurre en un momento clave, ante el crecimiento de la preocupación ciudadana y legislativa por la calidad del aire y del entorno en la zona metropolitana y regiones industriales de Nuevo León.
