
La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, mostró este jueves disposición a apoyar a la administración de Donald Trump en su intento por restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales. Aunque el decreto enfrenta bloqueos en tribunales menores, el alto tribunal decidió escuchar los argumentos del caso, lo que podría sentar un precedente para futuros decretos presidenciales.
Durante la audiencia, los jueces se enfocaron en si los tribunales menores tienen autoridad para bloquear órdenes presidenciales a nivel nacional. Aunque algunos magistrados conservadores cuestionaron el alcance de estos bloqueos, otros, como la jueza liberal Sonia Sotomayor, advirtieron que limitar los fallos solo a los demandantes tendría consecuencias prácticas negativas.
El decreto fue impugnado por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes argumentaron que el presidente no puede modificar lo establecido en la Constitución. Sin embargo, jueces como John Roberts y Amy Coney Barrett señalaron que el Gobierno debió pedir revisar directamente la legalidad del decreto, no solo aspectos técnicos.
Grupos defensores de inmigrantes y figuras políticas demócratas se manifestaron frente al Supremo para rechazar el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la Enmienda 14. “Están intentando revocar un derecho fundamental”, declaró Ama Frimpong, de la organización CASA.
Según el Migration Policy Institute, unas 255 mil personas al año podrían verse afectadas si el decreto entra en vigor. Trump, por su parte, defendió que la ciudadanía por nacimiento fue creada para los hijos de esclavos, no para lo que llamó “turismo de ciudadanía”.