Monterrey, N.L. – El diputado de Morena, Jesús Elizondo, visitó a Luis “N”, joven detenido tras la manifestación ciudadana contra el tarifazo del transporte público, realizada el pasado 20 de abril frente al Palacio de Gobierno.
Acusaciones graves por protestar contra el aumento al transporte
Luis “N” se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y enfrenta cargos como daño en propiedad ajena agravado, delitos contra instituciones y servidores públicos, entre otros. Las penas para algunos de estos delitos podrían alcanzar hasta 10 años de prisión.
El diputado Elizondo calificó las acusaciones como excesivas y desproporcionadas frente al contexto de una manifestación:
“Manifestarse es un derecho protegido por la Constitución. Es entendible que haya sanciones si existen excesos, pero no destruirles la vida con delitos graves que buscan perjudicarlos”, expresó el legislador.
¿Persecución selectiva a manifestantes?
Elizondo cuestionó por qué solo se ha detenido a integrantes de este colectivo, mientras que en otras marchas incluso más intensas no hay detenidos:
“¿Por qué solo detienen a los manifestantes de este colectivo? Hay marchas más intensas donde no detienen a nadie”, dijo.
En defensa del derecho a manifestarse
El diputado subrayó que no busca politizar el caso ni defender a un grupo en particular, sino garantizar los derechos civiles:
“Estoy aquí para defender el derecho de cualquier ciudadano a manifestarse sin caer víctima de un abuso de autoridad.”
El origen de la protesta: un transporte deficiente
Elizondo también criticó las condiciones del transporte público en Nuevo León, señalando que el mal servicio y la corrupción explican el descontento social:
“El transporte está en pésimas condiciones. Es comprensible que la ciudadanía esté molesta. Reprimir no es la solución; debe haber diálogo y compromisos reales de mejora.”
Luis “N” espera resolución judicial
Luis “N” sigue vinculado a proceso, a la espera de que se defina su situación jurídica en las próximas semanas.
Diversos colectivos ciudadanos han denunciado el caso como un abuso de autoridad y una criminalización de la protesta social.
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